El gobierno de México anunció el final del programa “Quédate en México” o MPP, por sus siglas en inglés “Programa de Protección para Migrantes”. Vigente desde 2019, había sido aplicado de manera intermitente en una lucha de demandas estatales hacia el gobierno estadounidense que solamente había respondido ambiguamente a los múltiples intentos de búsqueda de protección de las personas en movilidad.
Lo que comenzó como un programa de espera “segura” en México para quienes buscaban una resolución positiva de asilo en los Estados Unidos, se convirtió en la posibilidad de ejercer violencia contra las personas en movilidad que vivían en ciudades fronterizas al norte del país. Este programa, que era casi un enigma para sus aplicantes por estar lleno de procedimientos burocráticos difusos, dejó ver la falta de políticas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos.
La respuesta laxa de ambos países llevó a más de tres años de confusión, en los que mientras se decidía sobre el tema, más de 75 mil personas en movilidad fueron impactadas bajo dicha política; muchas de ellas que el gobierno de México recibió por periodos atemporales, con políticas distintas y sin ningún método de transparencia sobre su participación en el programa.
Los múltiples cambios en la política migratoria de Estados Unidos no solo violaron el derecho a la movilidad de miles de personas, también dieron paso a la pérdida de miles de vidas y de incontables desapariciones. Por lo que, el fin de este programa en su totalidad deberá representar el término de acuerdos difusos y sin compromiso, responsables de impactar en el rumbo de miles de vidas.
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La mira de Irene V., parte del equipo Ayuda en Acción de México en el programa internacional de Ayuda Humanitaria
